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----- Original Message -----

From: SINDICATO INDEPENDIENTE CANARIO

To: LISTA DEL SIC

Sent: Thursday, February 25, 2010 8:50 PM

Subject: JUBILACIÓN A LOS 67... NI DE COÑA

Nefasto comienzo de año para los funcionarios públicos

 

 

 

Nefasto comienzo de año para los funcionarios públicos.

 

Nos reducen las retribuciones, quieren ahorrar a costa de la enfermedad de los funcionarios

e impiden negociar nuestras condiciones de trabajo

  

Ha comenzado el 2010 de forma nefasta para los trabajadores en general y para los empleados públicos en particular, especialmente para los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre los que recaen, una tras otra, todas las tropelías del Gobierno de Canarias.

Pero vayamos por partes:

 

1.- Reducción de retribuciones:

Como denunciamos los sindicatos de la plataforma sindical unitaria en noviembre-diciembre de 2009, el Gobierno y el Parlamento de Canarias, a través de la Ley de Presupuestos para 2010, nos redujo las retribuciones mediante un terrible recorte de nuestro "salario diferido" (Plan de Pensiones, fondos de acción social, complemento en situación de incapacidad temporal, premios de permanencia y jubilación, etc.), sin que el pírrico incremento de nuestras retribuciones básicas (0,3%) sirva de compensación.

Ahora, con la nómina de enero, recibimos otro bofetón esta vez procedente del Gobierno de España: se acabó la deducción del IRPF popularmente conocida como "los 400 euros de Zapatero". Los primeros en notarlo este año fueron los pensionistas y ahora nos toca a todos los trabajadores, públicos y privados. Durante este año, la Hacienda estatal nos retendrá una media de 33,33 euros al mes más de lo que hacía en 2009.

Dependiendo de los ingresos de cada uno, la reducción salarial puede suponer entre un 2 y un 3 por ciento. Ello supone, para el Sindicato Independiente Canario, una agresión más a los trabajadores que tendrá una incidencia mínima en el recorte del gasto público. Por el contrario, sí puede tener una incidencia negativa en el consumo al reducir la renta disponible. En resumidas cuentas, la crisis la seguimos pagando los trabajadores, públicos y privados, y las pequeñas empresas, mientras los Bancos que la provocaron siguen incrementando sus beneficios año tras año.

Para más información recomendamos el siguiente artículo de "El País": http://www.elpais.com/articulo/economia/supresion/400/euros/reduce/primera/nomina/ano/elpepueco/20100128elpepueco_2/Tes

 

2.- Ahorro a costa de la enfermedad de los funcionarios:

La Disposición Adicional Vigesimosegunda de la Ley de Presupuestos de la C.A.C. para 2010 confirma la cacicada, que de momento no es de aplicación al personal laboral (hasta que se renegocie el Convenio) y sí a funcionarios de Admón. general, docentes y estatutarios:

1. El personal funcionario de carrera o interino que preste servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias y se encuentre en situación de incapacidad temporal tendrá derecho, durante un período máximo de tres meses desde el inicio de la situación, a que la Comunidad Autónoma le complemente esta prestación hasta el 100 por 100 de sus haberes. No obstante, el período referido podrá ser ampliado por una comisión de evaluación conforme a los criterios que se fijen reglamentariamente.

Pues bien, el Gobierno de Canarias está negociando con los sindicatos mayoritarios un proyecto de Decreto para regular esta "comisión de evaluación". Muy resumidamente, se trata de que tres inspectores médicos (de la Inspección General de Servicios, de Educación y del Servicio Canario de la Salud) valoren, conforme a criterios no exclusivamente médicos, si el funcionario merece o no percibir este complemento más allá de los famosos tres meses.

Como no podía ser de otra forma, los propios Inspectores, agrupados mayoritariamente en la Asociación Canaria de Inspección y Administración Sanitaria (ASOCIAS), se han opuesto a esta nueva cacicada en una muy bien fundamentada nota, y que califican de agresión injusta e ineficaz, dirigida hacia los más vulnerables, los trabajadores enfermos de larga duración con baja justificada médicamente. Se oponen a que se les obligue a dictaminar sobre derechos económicos y distingamos entre aquellos empleados públicos, que estando en la misma situación de incapacitados para trabajar, puedan o no merecer la mejora económica del subsidio por incapacidad hasta la totalidad de sus haberes. Conseguiremos que trabajadores enfermos, incapaces de producir adecuadamente, acudan a sus puestos, para no perder la cuarta parte de las rentas del trabajo indispensables para llegar a fin de mes. Sin duda, ni estamos preparados, ni somos merecedores de esta clase de encargos. Y nos recuerdan que Evitar el uso indebido de la baja laboral, cuando no el fraude, es tarea de los médicos de familia del servicio público de salud, de los médicos de las mutuas, de los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y labor prioritaria de los inspectores médicos del Servicio Canario de la Salud, de la Consejería de Educación y de la Inspección General de Servicios, función esta a la que dedican la mayor parte de sus efectivos, con contrastada eficacia. Un empleado público puede llegar a ser revisado por tres inspecciones médicas distintas durante su periodo de baja laboral.

Esperamos autorización de la Asociación para "colgar" la nota íntegra en nuestra página web.

 

3.- El Gobierno se niega a negociar con los funcionarios en la Mesa Sectorial:

En un comunicado anterior te informábamos que la Administración se había comprometido a convocar la Mesa Sectorial de Personal Funcionario para el día 21 de enero de 2010, al objeto de establecer un calendario de negociación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos de la Administración General de la C.A.C. que no sean competencia de las Mesas Generales. Y calificábamos ese hecho de histórico.

         Pues bien, hemos de reconocer que, simplemente, nos engañaron. Y lo más grave es que caímos en el engaño como pardillos. Creímos sinceramente que el Gobierno había recapacitado. Creímos que, por primera vez, iba a aplicar los principios de legalidad, obligatoriedad, buena fe negocial y transparencia, proclamados solemnemente por el art. 33 del EBEP. ¡Qué ilusos fuimos!

         Efectivamente, la Administración convocó la Mesa Sectorial para el día 21 (continuando la sesión el 26), pero no para negociar nuestras condiciones de trabajo, sino el proyecto de modificación de la RPT de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Encima, nos convocó con menos de 48 horas de antelación "por razones de urgencia" que no justificó ni motivó, incumpliendo una vez más el Reglamento que se aplica en estos casos, que establece un plazo mínimo de seis días hábiles y de dos en "casos de notoria urgencia". Ante lo que consideramos una falta total de respeto a los funcionarios públicos y a sus legítimos representantes, abandonamos la sesión en ese punto del orden del día tanto el SIC como CSIF, que además presentó un escrito dejando constancia de sus razones.

         En "ruegos y preguntas", el día 26 la Administración trató de justificar este cambio de actitud de 180 grados, diciendo ahora que, antes de negociar con los funcionarios hay que aprobar el reglamento de la Mesa General y el de la Mesa Sectorial, que ya está negociando en otros ámbitos (Mesa de Empleados Públicos) y que no va a negociar dos veces lo mismo, que bla bla bla... ¡Excusas!

         SIC había presentado por escrito una propuesta de cuestiones para comenzar a negociar las condiciones de trabajo de los funcionarios, con el ánimo de ser operativos y de ir cerrando acuerdos puntuales en cada tema, y no embarcarnos en una macronegociación que se dilatase en el tiempo. Esas cuestiones eran las siguientes: jornada y horarios (singularmente la eliminación de la "jornada especial"), permisos y licencias (equiparación con el personal laboral), movilidad en el ámbito de la Administración Gral. (concursos ágiles y periódicos) y Plan de Funcionarización. CSIF secundó nuestra propuesta y Co.bas tenía la suya preparada. Pues bien, la Administración se niega a negociar con los representantes de los funcionarios ni siquiera la "jornada especial", que única y exclusivamente nos afecta a nosotros. Una vez más docentes, estatutarios y laborales decidirán si los funcionarios tenemos o no que realizar, y en qué condiciones, la jornada especial. Una vez más, los funcionarios nos convertiremos en "moneda de cambio" en unas negociaciones de las que vamos a estar ausentes.

         CC.OO. y Sepca secundaron la postura de la Administración y UGT no abrió la boca.

         Mucho nos tememos que en este cambio radical de postura de la Administración tengan algo que ver los sindicatos mayoritarios, que pretenden tener la exclusiva de la negociación colectiva en el ámbito de la Mesa de Empleados Públicos.

         Ante esa nueva agresión, este viernes se reúne la Ejecutiva del SIC para abordar un cambio de estrategia. Te tendremos informado de las resoluciones que adopte.

         Parodiando lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con miles de vecinos, podemos decir en definitiva que el Gobierno ha declarado a los funcionarios de la Administración General en situación de "fuera de ordenación". Simplemente, nos "ha borrado del mapa".

        Por cierto, aprovechamos la ocasión para recordarte que ha sido convocada una Manifestación contra el PGO de S/C. de Tenerife, el sábado día 30 de enero, a las 11,30 horas, en la Plaza de la Candelaria.

         Canarias, a 28 de enero de 2010.

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