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Negociación del anteproyecto de Ley de la Función Pública Canaria:
¡Con los de siempre!
La Dirección General de la Función Pública ha comenzado a negociar esta semana el anteproyecto de Ley de la Función Pública Canaria... con los de siempre: CCOO, UGT, SEPCA e IC.
El EBEP establece la obligatoriedad de negociar con los Sindicatos las Leyes que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios. Por otra parte, en los países democráticos, y en la mayoría de Comunidades Autónomas del Estado español (como ejemplo la vasca), se propicia la participación ciudadana en el proceso de elaboración de las leyes. En Canarias... no. La Ley 1/1983 ni siquiera prevé esa participación.
En uno y otro caso, el objetivo es el mismo: conseguir la mejor ley y con la mayor aceptación posibles.
Pero, al parecer, Canarias se encuentra más cerca de las repúblicas bananeras que de los países y comunidades autónomas verdaderamente democráticas.
Aquí, de lo que se trata es de cumplir un trámite formal más, de que no falte en el expediente "un papelito" que diga que el anteproyecto "se ha negociado".
No hay voluntad real de conseguir un buen texto legal que configure, con vocación de estabilidad para los próximos años, una Función Pública Canaria eficaz y al servicio de los ciudadanos.
Los objetivos son otros:
- Sin que se reduzca ni un solo puesto de alto cargo, crear un nuevo pesebre -los directivos "profesionales"- donde pasten cómodamente, a costa del dinero de los canarios, los segundones de los Partidos que serían incapaces de aprobar una oposición o de ganarse dignamente el sueldo en la empresa privada y que van a "disfrutar" de contratos de alta dirección con sueldos millonarios sin control, siquiera de los Sindicatos.
- Profundizar en la "privatización de la Administración", dando carta blanca a la externalización, sin ningún límite ni control, de los servicios públicos, en los que podrá pastar, también cómodamente, "la tropa" de los partidos políticos convenientemente enchufada en todo tipo de sociedades mercantiles, fundaciones públicas y entidades empresariales.
- Avanzar en la huída de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la carrera profesional y en los procedimientos de provisión de puestos: ampliando los casos en los que es permisible la libre designación (por ejemplo todas las Jefaturas de Servicio; introduciendo una "evaluación del desempeño" que no define (lo hará el Gobierno y las Corporaciones Locales) y que servirá para colocar a los empleados públicos en una especie de ascensor de sube y baja, de quita y pon, de ahora te doy y ahora te quito, cuyos mandos controlará el político de turno; haciendo desaparecer las funciones de cada puesto de trabajo de las RPTs, para que cada político las pueda amoldar convenientemente, sin trámite alguno, al "echufable" de turno (constarán en un papelito anexo a la RPT)...
- Profundizar (ya hay puestos, por ejemplo de gestión económico-financiera, para cuyo desempeño se requiere ser ¡ingeniero industrial!) en la desprofesionalización de la función pública, permitiendo por ejemplo que docentes y estatutarios desempeñen cualquier puesto en cualquier departamento de la Comunidad Autónoma, fuera de las administraciones sanitaria y educativa.
- Desmantelar los pocos mecanismos de control interno que quedan en la Administración Local, poniendo "a los pies de los caballos", es decir, de los políticos, a Secretarios, Interventores y Tesoreros, cuyos puestos pueden ser cubiertos "ad eternum" por mecanismos de provisión provisionales o accidentales sin que hayan de ser convocados a concurso hasta que al político de turno le parezca oportuno.
- Seguir fomentando la precariedad en el empleo, sin establecer una "ley de punto final" a todo tipo de irregulares contrataciones laborales temporales, y de contratos de servicios con "autónomos", que después se convierten en indefinidas.
- Avanzar en el camino contrario al que la lógica demanda, estableciendo multitud de regímenes retributivos distintos y difícilmente homologables (docentes, estatutarios, funcionarios de la C.A.C., de la Admón. de Justicia, personal laboral y, ahora, personal directivo), por ejemplo, a la hora de implantar la sacrosanta "evaluación del desempeño".
- Etc., etc. etc.
Para este viaje, señores de Función Pública y del Gobierno, no cuenten con nosotros. Mejor es que no nos llamen a negociar nada ni a participar en este bodrio de Ley.
Guísenselo ustedes solitos. Ya veremos si los empleados públicos nos vamos a tener que tragar este vomitivo potaje. O no.
Quizás vaya siendo hora de que los empleados públicos -y sus familias-, actuemos colectivamente cuando depositemos nuestro voto en las urnas para elegir a los que gobiernan Canarias. ¿Las elecciones son en 2011, verdad?
Ya nos encargaremos nosotros de recomendar el voto a aquellos partidos que se comprometan a trabajar por una Función Pública eficaz y al servicio de los ciudadanos, y a denunciar a aquellos otros que quieren convertirla en un pesebre para ineptos y enchufados.
Canarias, a 17 de marzo de 2010, día en que el Gobierno comienza a negociar la nueva Ley de la Función Pública Canaria con... los de siempre.
P.D.: Por fin la prensa se hace eco del soberano desastre -para funcionarios, proveedores y ciudadanos en general- y del despilfarro (17 millones de euros, aproximadamente) que ha supuesto la implantación del SEFCAN, EN PLENA CRISIS ECONÓMICA. Hoy (17.03.2010) canariasahora.es publica varios comentarios en su sección "top secret". También puedes enlazarlos a través de nuestra página en facebook, donde hemos creado un grupo de afectados por el SEFCAN, denominado "EL SEFCAN ES UNA CACA". Allí puedes ver, por ejemplo, el importe de las adjudicaciones y quienes han sido los adjudicatarios.
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